Viajé a Madrid el 20 y a Londres el 22 de junio. En ese momento ya los y las vicerrectoras de la administración del nuevo rector, Leopoldo Múnera, se habían posesionado y algunos de los cargos de libre nombramiento y remoción que dependen de ellxs, como directores de bienestar, de investigación, académicos, de planeación, estaban siendo posesionadxs. Cierta emoción percibo aún en el ambiente, por la observación de equipos de trabajo a nivel nacional, y en las sedes, realmente nuevos. Es la llegada a cargos determinantes, de docentes comprometidxs con modelos sociales de universidad –es decir, orientada prioritariamente a buscar soluciones a necesidades de las comunidades-, ante la mirada incrédula de equipos salientes, a veces con actitud de revanchismo pendiente que, por su formación, o mirada disciplinar, señalan unas veces a los jueces y otras a los mercados como futuros verdugos del proceso emergente (adelantando acciones para facilitarlo, como quien compra un billete de lotería).
Veo dos movimientos que acotan, o limitan, desde lados diferentes este fenómeno, del que somos testigxs. Por un lado, la inercia de procesos que han hecho carrera en las universidades públicas (no solo en Colombia, sino como parte de tendencias internacionales) hizo pensar que el único camino posible y viable era el del mercado, es decir, el de la acumulación de méritos como negociantes de contratos y convenios con grupos económicos y empresas influyentes, que cubren los vacíos que deja la desfinanciación, generada por políticas nacionales favorables a las universidades privadas. Diferente, aunque a veces afín, es la orientación al mercado académico, desde la cual se proscribe el mercantilismo académico y se encumbran objetivos meramente científicos, pero no se aceptan otras formas de conocimiento. Por el otro lado de esta acotación, el hundimiento de las izquierdas que se desplegaron en el siglo XX, que parecía ser un proceso definitivo, ha mostrado no ser tal, sino más bien se ha convertido en un matiz indisoluble en la comprensión de las sociedades modernas. Esto se expresa en la alternancia de las derechas y las izquierdas en los diferentes países, la cual se corresponde con una oscilación en las políticas de educación superior entre orientación al mercado y orientación hacia el bien común y la satisfacción de necesidades sociales sentidas por las mayorías, o por minorías con resistencias largamente reconocidas, como los indígenas, los campesinos, colectivos LGBTiq+, afrodescendientes, habitantes de calle, personas con discapacidad, consumidores de substancias sicoactivas, personas con adicciones, etc.
En este
contexto, tanto coyuntural, como de largo plazo, los conceptos de “lo público”
y la “autonomía” una vez más han sido puestos en el centro de la discusión de
las opiniones públicas. El concepto de “lo público”, dada la coyuntura y
polarización, solo es reivindicado por quienes proponen modelos de universidad
de estilo social. Es un polo de la discusión, en posición antagónica con el
mercado o “mundo real” como defienden los detractores del bien común. Problemas
frecuentes señalados por estos últimos –a veces caracterizados como modelo de universidad-empresa-
son la ineficiencia de lo público, la corrupción de lo público, la pobreza que
se deriva de lo público, la politiquería que se deriva de lo público... Los
abanderados de universidades de corte social, a veces tan diversas como las
universidades indígenas, o simplemente los sectores artístico, humanístico o
corrientes alternativas como las medicinas orientales o la educación popular,
reclamando su espacio y una posición menos desaventajada, en cambio, ven en la
universidad-empresa un gigante todo poderoso a vencer, no con la fuerza de lo
material, sino con la fortaleza intangible y moral de las resistencias, los discursos
alternativos, paradigmas que retan al
lado dominante en algunas disciplinas. Desde esta perspectiva la
universidad-empresa es la corrupción misma, en cuanto invasión de la órbita del
bien común desde intereses privados que lo deslegitiman, el “realismo” no se
refiere a los números de una administración, sino a la experiencia cotidiana de
la gente, recurso humano, objeto administrable, que al mostrarla se rebela,
propone cambios y se hace sujeto, ciudadanx, mayor de edad. Finalmente, la
participación no es politiquería, sino el método de una democracia directa y transparente
que urge construir, pero que no es posible sin generalización de la educación a
todas las capas sociales, para cesar la manipulación y valorar sus intereses,
defendiéndolos con la autonomía que el mundo moderno consagra como facultad de
individuos y pueblos.
Autonomía
–por lo menos en el discurso que venimos construyendo hace un par de siglos y
que se erige como marca de la época moderna- se refiere entonces a la defensa y
afirmación de la razón. Cuál sea el carácter, unitario o múltiple, monolítico o
flexible de dicha razón, es algo que está en debate. En nuestro caso es el
debate por el sentido y camino de la Universidad Nacional. Según las
convicciones e intereses de los participantes y sectores de la comunidad que la
conforman, los enemigos directos o potenciales de dicha autonomía son el
mercado, el gobierno o la propia comunidad. El mercado para quienes lo nombran
en relación con el conflicto de las universidades, está encarnado en grupos
económicos orientados al negocio de la educación, o bien grupos con intereses
específicos en determinados contenidos de la educación, unas veces interesados
en la formación para el trabajo, otras veces interesados en evitar la promoción
del pensamiento crítico (con frecuencia ambas), la ironía o contradicción en
este caso es que este discurso que promueve la libertad a grandes voces la
limita de hecho promoviendo la segregación de los conocimientos y empleos desde
el sistema educativo. Los gobiernos son nombrados como enemigos cuando intentan
intervenir el mercado, en este caso educativo, para mitigar, reducir o anular
sus efectos segregacionistas que pueden constituir situaciones de injusticia o
incluso, como se ha presentado el caso en Colombia, de “estados de cosas
inconstitucionales” (como fue el caso hace pocos años en relación con el
desplazamiento forzado, o con la desnutrición de infantes en algunos
territorios indígenas). La intervención estatal en casos extremos ha sido
avalada incluso por políticos con posturas que defienden el libre mercado (p.
ej. A. Uribe en X.com 4/06/2020), si bien los medios de esta intervención
siguen siendo materia de debate. Los más mercantilistas tienden a sugerir que
lo social se aborde mediante medidas de buena voluntad, caridad cristiana, o
similares, y por lo tanto sean voluntarias. Mientras que los más sociales
tendemos a pensar en estas intervenciones como fruto de una deliberación responsable
en que toda la sociedad se compromete unida para superar las condiciones de
vida indignas y acabar o reducir ese flagelo
sobre el cual en etapas anteriores de la historia no nos hemos hecho
conscientes.
En esta línea van mis conversaciones con amigxs que encuentro en el Viejo Continente. Son de mi generación, ubicadxs en otra parte y por lo tanto, permitiéndose alumbrar mi mirada desde sus lugares y desde sus situaciones y contingencias.
